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10 de julio de 2018
Vivienda social, oportunidad de negocio

El 18 de junio pasado, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona acordó que los promotores inmobiliarios que deseen construir pisos o realizar grandes remodelaciones de viviendas deberán destinar un 30% de los edificios a vivienda social. Más allá de la controversia política de esta medida, que empezará a aplicarse el próximo otoño, la decisión supone un cambio de paradigma en la promoción inmobiliaria ya que obliga a los operadores privados a implicarse en el impulso de un parque de viviendas sociales.

De hecho, Barcelona es una de las capitales europeas con menor disponibilidad de vivienda social, ya que solo representan un 2% del total del parque inmobiliario. Amsterdam cuenta con un 48%, Berlín con un 30%, Londres suma un 23% y París un 16%, según los datos del estudio Políticas comparadas de vivienda de la profesora de la ETSAB, Pilar García-Almirall. Entonces, la nueva medida política, ¿es un problema para el sector, o todo un reto y oportunidad?

De entrada, podría parecer que supondrá un freno a la construcción, ya que los promotores deberían obtener del 70% restante de pisos el margen comercial que ahora perderían con el 30% de vivienda social, lo que conllevaría a un encarecimiento del producto y, por consiguiente, a una mayor dificultad para venderlo en el mercado.

Sin embargo, hay otra serie de factores que o bien anulan estos efectos o incluso generan nuevos estímulos. En primer lugar, el propio gobierno barcelonés ha calculado que la nueva medida comportará la construcción de unas 400 nuevas viviendas sociales al año, lo que lleva aparejado la edificación de un millar para el mercado libre. Si tenemos en cuenta que en todo 2017 en el conjunto de Cataluña se construyeron 6.608 viviendas, y que la medida aprobada por el consistorio barcelonés no afecta a solares inferiores a 600 m2, estos 1.400 nuevos pisos al año representan por si solos más del 20% del total del mercado catalán.

Pero hay más: la medida “social” viene acompañada de otras normativas (locales y autonómicas) que favorecen el desarrollo y fluidez del mercado de la vivienda social. Por ejemplo, el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) han activado una línea de préstamos con condiciones preferentes para promover y financiar la construcción de viviendas de alquiler social. La dotación de esta línea de préstamos, 90 millones de euros, beneficiará a los promotores que construyan en alguno de los 152 municipios con fuerte demanda acreditada, según el plan territorial sectorial de vivienda.

A su vez, esto generará un mayor interés de los Fondos de Inversión, que hallarán una nueva oportunidad de mercado en un tipo de vivienda que, con la ley actual, puede volver al mercado privado pasados 20 años.

Barcelona Meeting Point dedicará dentro de su Symposium una jornada que analizará distintos modelos de vivienda social que funcionan en diferentes capitales europeas. Dentro de la feria, que este año se celebra del 25 al 28 de octubre, la vivienda social estará muy presente. 

Vivienda social, oportunidad de negocio
Del 16 al 19 de octubre
Recinto de Montjuic - Plaza España de Fira de Barcelona
BMP 2019
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